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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos le solicitó al Alto Tribunal de lo contencioso administrativo que declare la nulidad del acuerdo que permitiría el ingreso de militares de los Estados Unidos a siete bases castrenses colombianas.

El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.

Agregó que este convenio contiene muchos elementos novedosos, que no se compensan con los precedentes que aún están vigentes entre los dos países, es decir, que no hacen parte de ninguno de los 17 documentos de esa naturaleza que han sido firmados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

"Esto, en realidad es una coartada del Gobierno, pero tenemos el precedente de que el Consejo de Estado dio una opinión y, efectivamente, dijo eso: que esto no se ampara, porque es un asunto nuevo, de una incidencia importantísima a nivel cualitativo de presencia militar, no de tránsito de tropas, que requiere de un trámite especial", dijo el abogado Juan Carlos Domínguez Prada, quien también hace parte de la plataforma.

Para el líder cívico, este convenio puede dar lugar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, si se tiene en cuenta la experiencia vivida por el pueblo ecuatoriano con la base militar de Manta y, más aún, en la eventualidad de que los militares norteamericanos obtengan la inmunidad jurídica de la que, se habla, podría otorgárseles.

De la misma manera, señaló que se trata de una disposición que atenta contra la soberanía nacional, aspecto que constituye uno de los pilares del Estado moderno, junto al territorio y otros elementos intangibles como la Nación.

El abogado indicó que no sólo Colombia sino los países vecinos se verían sometidos a este riesgo latente y permanente de persecusión, teniendo en cuenta que la simple presencia en la Base de Palanquero le otorgaría a los marines norteamericanos la capacidad de monitorear a todos los países de América Latina.

Finalmente, dijo que espera que en uno o dos meses quede suspendida la vigencia de la viabilidad del convenio, toda vez que así lo solicitaron, mientras se conoce el fallo definitivo por parte del Tribunal.